Scott y el seguro médico

Bernadette Pardo. EL NUEVO HERALD

Bernadette Pardo

Nunca, desde el paso del huracán Andrew hace ya 20 años, había tenido tantas ganas de salir corriendo hacia otro estado cargando con mi gata a cuestas. El desastroso paso del gobernador Rick Scott por Tallahassee me está causando una enorme confusión porque la verdad yo conozco a Scott y le considero una buena muy persona, quizá cargado de excelentes intenciones, pero su gestión está resultando desastrosa.

Más allá de los recortes drásticos que han dañado cual comején a escuelas y universidades públicas o al precario sistema de justicia, las mayores iniciativas de Scott siguen trabadas en las cortes y parecen destinadas a morirse en el cajón de algún escritorio abandonado. Por ejemplo: la privatización de la atención médica a los presos está estancada, el plan para hacer pruebas de drogadicción a todos los empleados del Estado fue descartado como inconstitucional por un juez federal y esta misma semana otro juez federal ha bloqueado la ley estatal que pretendía castigar a las empresas que hagan negocios con Cuba. Vamos, que el gobernador no da una.

El oráculo contra ‘Obamacare’

Ya advirtió Scott cuando firmó la ley de castigo en la Torre de la Libertad que en su opinión la legislación era probablemente inconstitucional. Aún así la firmó. Ahora Scott anuncia que aunque el “Obamacare” es constitucional él no va a firmar su aplicación en Florida. La semana pasada, mientras los canales de televisión informaban de la decisión de la Corte Suprema, la pálida imagen de Scott aparecía y desaparecía como el Fantasma de la Opera en las pantallas convertido en el gran oráculo contra el Obamacare y en medio de la polémica anunció que la Florida será el primer estado en rechazar la expansión del Medicaid propuesta y financiada por el gobierno federal. La expansión del Medicaid daría seguro médico a todos los adultos que con ingresos menores a $25,000 anuales, en Florida suman cerca de 15 millones.

En su guerra contra los que no tienen seguro, Scott explicó que la expansión de Medicaid costaría a Florida $1,900 millones anuales y que el Estado no puede costearlo. Inmediatamente, la organización no partidista Politifact dedicada a investigar la veracidad de lo que dicen los políticos, anunció que la cifra de Scott es completamente falsa. Es más, de acuerdo con el Obamacare, si Florida aceptara la expansión del Medicaid el gobierno federal pagaría todo el costo de la expansión durante los primeros tres años y después aportaría el 90 por ciento.

Rechazo a $100 millones

El intrépido Scott ya ha rechazado más de $100 millones en fondos para planear y agilizar la transición al nuevo plan de salud. Si Scott insiste en la opción cero y se empeña en prohibir que el programa de Medicaid acoja a ciudadanos de bajos ingresos que no pueden pagar un seguro médico estaría condenando a muerte no sólo a los enfermos crónicos o graves que no tienen seguro sino a los hospitales públicos como el Jackson que los atienden, basándose para colmo en una mentira.

Me resulta sorprendente la anunciada preocupación de Scott con los costos del Medicaid en Florida porque el desmanteló el FDLE, la policía estatal encargada de investigar el fraude en los costos médicos mientras decía que no quería usar fondos estatales para perseguir a “empresarios”. Y nuestro gobernador sabe por experiencia propia lo caro que cuesta el fraude al Medicare y lo honestos que son algunos empresarios en ese sector.

Dicen los expertos que el internet nos afecta el cerebro sin que nos demos cuenta. Recientemente lo pude constatar. Hace poco leía una receta de pollo para experimentar con mi esposo cuando saltó en la pantalla un titular que rezaba “Stop Scott”. Resulta que la frase es el mantra de una campaña de protesta contra el gobernador. Ahora para calmarme repito la frase “Stop Scott, Stop Scott” y lo hago con ternura, porque como les decía este hombre me cae bien, aunque nunca entenderé cómo pudo convertirse en gobernador y mucho menos cómo puede estar casi siempre equivocado. Ahora, con el asunto del Medicaid vuelve a meterse en un callejón sin salida. Pobre gobernador, tan lejos de la realidad y tan cerca de los fanáticos.

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A su salud

Daniel Morcate. EL NUEVO HERALD

Daniel Morcate

America’s health care system is neither healthy, caring, nor a system.
Walter Cronkite

A pesar del sonido y la furia de los traficantes en miedo, la Corte Suprema validó la reforma sanitaria que aprobó el Congreso y promulgó el presidente Obama. Es quizás la legislación más importante y progresista que se ha adoptado en el país en décadas, concretamente desde que el presidente Lyndon B. Johnson impulsara con éxito las leyes que conformaron los programas de su Gran Sociedad, tales como la Ley del Derecho de los Votantes de 1965, la Ley de Inmigración de 1965 y las Leyes de Derechos Civiles de 1964 y 1968. Se dice que el guiño sorpresivo que le dio el Supremo a la reforma representa un extraordinario triunfo político para Obama y otra garantía de que la historia le reservará un nicho relevante. Pero, como advirtiera el propio presidente, la decisión es por encima de todo un triunfo de los norteamericanos corrientes, aunque muchos aún no entiendan por qué ni hasta qué punto. Y es que ahora apenas comienza la fase crucial de hacer realidad la mayoría de los beneficios que implica y extenderlos a la mayor cantidad posible de personas.

No será nada fácil. Como sucedió con la Gran Sociedad de Johnson, que hizo al país legalmente más igualitario y justo, la reforma sanitaria enfrentará la oposición ciega, sorda y resentida de los conservadores más extremistas. También presentará los retos de lo desconocido o nunca antes visto y practicado en el país. Y al igual que otros programas sociales visionarios, como el welfare, el Medicaid y el Medicare, será económicamente costosa y requerirá un sostenido compromiso financiero, no exento de dificultades, por parte de los gobiernos federal y estatales. Imposible predecir los enconados debates que suscitará el intento de ponerla en vigor y consolidarla.

Precisamente porque se trata de una medida cara, complicada y novedosa para el país, sus partidarios tampoco deberían cerrarse a las sugerencias y críticas constructivas que formulen sus adversarios moderados. Después de todo persisten interrogantes fundamentales, como por ejemplo, de qué manera se va a financiar a mediano y largo plazo. Y de qué forma se podrá extender la cobertura de seguro a quienes no se beneficien al principio. La independiente Oficina Presupuestaria del Congreso estima que, si todo sale bien, la cobertura médica abarcará a 30 millones de no asegurados en los próximos años. Pero aún quedarían entre 15 y 20 millones por cubrir, sin contar a 6 millones de indocumentados que ni siquiera califican bajo los términos de la ley.

No obstante los enormes desafíos pendientes, la reforma sanitaria tiene el mérito extraordinario de haber allanado el camino para empezar a enmendar nuestro disfuncional sistema nacional de salud, verdadero esperpento cuya indignidad debería pesar sobre la conciencia de todos los norteamericanos. El síntoma más evidente y grave de esa disfuncionalidad es que 72 personas mueren a diario en el país por carecer de seguro médico, según cálculos del Centro Pew de Investigaciones. Pero el actual sistema se ha vuelto además tan abusivamente oneroso que desalienta a muchas personas a buscar atención médica adecuada y arruina a numerosas familias cada año.

El principio fundamental que justifica la reforma sanitaria es una verdad de Perogrullo: comoquiera que todos somos usuarios de nuestro sistema nacional de salud, todos debemos poner de nuestra parte para adecentarlo y hacerlo accesible al mayor número posible de nuestros conciudadanos. Los gobiernos federal y estatales tienen la responsabilidad de ofrecernos buenas opciones de seguro. Muchas personas pueden contribuir adquiriendo, si pueden pagárselo, alguno de los planes que se harán disponibles en los futuros mercados de seguro. Otras, ofreciéndoles cobertura costeable a sus empleados. Y aun otras acogiéndose a los diversos planes que brindarán los gobiernos a los pobres. Aun así, por supuesto, la reforma no será una panacea para los males profundos de nuestro sistema de salud, sino una alternativa superior al vergonzoso e intolerable status quo.

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Salud nacional, suicidio republicano

Guillermo Descalzi

Juez John Roberts

Guillermo Descalzi

Los papeles se han trastocado. El jefe de la Corte Suprema, John Roberts, se unió a Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, un conservador y cuatro liberales que ratificaron la constitucionalidad de la reforma de salud. Fue un día de glorias y rabietas en que la incredulidad dio paso a júbilo en la izquierda y denuncias en la derecha, con insultos al juez Roberts que van de cobarde y traidor a otros que la decencia no permite. La rabia de Limbaugh fue apoteósica.

El conservadorismo quiere jueces que apliquen la Constitución sin interpretaciones que den lugar a lo que llaman ‘construccionismo’. Los construccionistas crean estructuras legales que salen del marco original de la Constitución como fue escrita. Los conservadores exigen fidelidad a su letra, sin añadirle, quitarle, modificar, interpretar o derivar nada. El problema es que la fidelidad en este caso la tuvieron John Roberts y los cuatro liberales, mientras los cuatro conservadores restantes, Anthony Kennedy, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, se dedicaron a interpretarla. Ellos fueron los construccionistas en esto, liberales en su manejo del código constitucional.

Los republicanos están dedicados a negar cien años de tradición partidaria. Teodoro Roosevelt, en la elección de 1912, fue el primero en proponer un seguro nacional de salud. Nixon empezó, en 1974, a bosquejar un seguro médico nacional para todos los empleados a través de sus empleadores. En 1986 Ronald Reagan implementó COBRA. En 1989 la conservadora Heritage Foundation propuso un seguro médico obligatorio y universal. En 1993 dos republicanos, los senadores Hatch y Grassley, iniciaron un proyecto como el ahora refrendado por la Corte Suprema. En el 2003 George W. Bush añadió la cobertura de medicamentos al Medicare. En el 2006 Mitt Romney implementó en Massachusetts la ley que sirvió de base para la actual reforma. La marcha hacia un seguro médico universal y obligatorio fue republicana y conservadora, compartida con demócratas hasta el 2008. ¿Por qué el cambio? Por una obsesión con Obama, una obsesión rayana en fanatismo. Traen abajo el edificio político del país falseando la verdad sin contemplaciones con tal de derribar todo lo que huela a liberal o demócrata. Parecen no darse cuenta que están exhibiendo el relativismo moral del que acusan a la extrema izquierda. En la ultraderecha el fin ahora justifica los medios. Lo más notorio en la campaña contra la reforma ha sido su deshonestidad. Esgrimen falsedades intimando que volverán a su verdad conservadora tras derrotar a Obama. Mienten hasta con la boca cerrada. No hay nada más absurdo que esto en el teatro del absurdo en Washington D.C. 

   

Se oponen a toda iniciativa demócrata, y así haciendo traicionan su propio concepto de derecho y responsabilidad. El mandato refrendado por la Corte Suprema presupone responsabilidad individual en salud. El derecho y la responsabilidad individual son el fundamento del ser republicano. Su corolario en salud lleva a buscar que nadie sea carga para los demás, algo que se logra mediante la participación de todos en un sistema nacional. Ahora resulta que los conservadores rechazan este concepto porque sale de los demócratas. Pocas veces se ha visto tal habilidad gimnástica. Saltan olímpicamente por encima del imprimatur de la Corte Suprema. Más allá de esto, Romney parece sentir que el ciudadano promedio es denso y no se da cuenta de que hoy se presenta como un anti Romney del Romney que fue. ¿Por qué? Por politiquería, y lo malo es que el liderazgo republicano en los diferentes estratos del poder está dedicado a negar cualquier iniciativa promovida por demócratas aun así antes hubiesen estado de acuerdo con ellas. Se serruchan el piso a sí mismos. Están cometiendo suicidio electoral.

La constitucionalidad de la reforma ha sido refrendada con un razonamiento legal diseñado por el juez Roberts. Su conducta empieza a restablecer la credibilidad de una Corte Suprema donde los casos eran decididos a lo largo de líneas partidarias. La justicia necesita ser apolítica, y la entereza de Roberts le devuelve a la corte algo de la fuerza moral que necesitaba. John Roberts será reconocido como uno de los grandes de nuestra jurisprudencia, aunque por el momento el tea partidismo y la ultraderecha lo tengan relegado al papel de traidor y cobarde. El debate sobre la salud nacional evidencia una ultraderecha dispuesta al suicidio político con el solo y único propósito de negarle la reelección a Obama.

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Del PRI al PSUV

Fernando Mires. Blog POLIS

Tesis: Sólo una derrota electoral puede salvar políticamente al PSUV como ocurrió en México con el antiguo PRI

El PRI ya no es el PRI dicen en México, frase breve que sintetiza la gran transformación del PRI. Transformación que en gran medida emergió como resultado de otra: la de la estructura política mexicana. Porque el regreso del PRI al gobierno, ratificado por las elecciones de 01.07.2012 que dieron como vencedor a Enrique Peña Nieto, opera en un escenario multicolor marcado por un partidismo institucionalizado en donde tienen lugar múltiples proyectos e iniciativas civiles.

La antigua dominación estatal ejercida por el que fuera calificado como el partido político más corrupto y anti-democrático de América Latina, ha quedado atrás. Hoy el PRI ha regresado como un partido entre varios: plural, social, competitivo y coalicionable, como deben ser los partidos en un marco democrático. Los caudillismos locales, las mafias, los gobernantes omnímodos, tan propios al antiguo PRI, ya son cosas del pasado.

Así como Hegel indicó que la liberación del oprimido libera al opresor en tanto opresor, en la contienda política suele suceder que la oposición, bajo determinadas condiciones, libera a los partidos no democráticos de su anti-democratismo. En ese sentido la oposición al PRI liberó al nuevo PRI del antiguo PRI. Ese será también, entre otras, una de las tareas que corresponderá indirectamente a la oposición venezolana: la de liberar políticamente al PSUV de su condición estatal (burocrática y militar) a fin de que se convierta en un verdadero partido político como hoy es el PRI.

Pensemos: en el caso de una eventual derrota, el PSUV si es que no se desliza por el tobogán golpista, o si no se pulveriza en múltiples fracciones, será el principal partido de oposición. Pero lo será en un espacio rayado por normas y reglas propias al juego político. En ese contexto, y aplicando de nuevo la lógica hegeliana, el PSUV, al abandonar al estado, no tendrá otra alternativa que la de convertirse en un partido de la “sociedad civil”: uno más entre varios, como son hoy los partidos que apoyan a Henrique Capriles.

No hay que olvidar que la gran coalición caprilista fue también el resultado de un arduo y largo proceso de renovación política. Es que contra la astuta dialéctica de la historia no hay pero que valga. Si un partido político no se transforma de acuerdo al signo de los tiempos, muere. Los cementerios de partidos políticos están –basta echar vistazos a la historia- más que superpoblados. 

En cierto modo el PSUV es la versión venezolana de lo que fue el viejo PRI: estatista, corporativista y corrupto. Pero no se trata de una copia fiel. El PSUV es más bien una versión ampliada y empeorada del antiguo PRI. Eso quiere decir que diferenciar entre lo que fue el PRI y lo que es el PSUV es también importante.

 Mientras el PRI fue depositario histórico de una auténtica tradición revolucionaria iniciada en 1910, el PSUV no corresponde con ninguna gran tradición. De ahí que haya tenido que buscarla en el pasado más remoto, en ese bolivarismo mitológico cultivado con devoción, pero absolutamente impropio a las condiciones que imperan en el siglo XXl. Pero hay, además, otras diferencias.

Mientras el PRI nunca fue personalista, el PSUV se convirtió desde un comienzo en la prolongación colectiva de un pensamiento individual: el del caudillo. Mientras el PRI, si bien buscó apoyo en los estamentos militares, nunca fue un partido militarista, como es el PSUV. Mientras en el PRI coexistían diversas fracciones (obreras, campesinas) en el PSUV están prácticamente prohibidas. Mientras el PRI logró articular a los más destacados intelectuales y artistas de la nación, el PSUV brilla por su miseria cultural. Mientras el PRI fue, por lo menos en sus comienzos, un partido nacionalista, enfrentado al expansionismo que caracterizó a EEUU hasta la primera mitad del siglo XX, el PSUV no sólo no ha tenido ningún problema (real, no verbal) con los EEUU, sino, además, ha delegado aspectos importantes de la soberanía nacional a Cuba.

Las diferencias mencionadas harán muy difícil la transformación del PSUV de partido-estado en partido político, como ocurrió con el PRI. No obstante, esa transformación será la única alternativa que garantizará la sobrevivencia histórica del PSUV.

Sintetizando: El PSUV, como el antiguo PRI, no es un partido de la sociedad civil. Es un partido nacido y formado en y desde el estado. El triunfo de la oposición traerá inevitablemente consigo la des-estatización del PSUV.

 Incorporado en un espacio no estatal, el cívico, el PSUV tendrá una nueva chance: la de encabezar la oposición democrática al nuevo gobierno. Ahí, pensando de modo optimista, puede que sus militantes descubran, como ocurrió al PRI, un nuevo poder: el poder opositor, el que en democracia puede ser más poderoso que el propio poder gubernamental. Pues, mientras el poder gubernamental es más instrumental que político, el de la oposición es más político que instrumental. En fin, sólo un triunfo de Capriles puede salvar al PSUV de sí mismo, o lo que es igual, de sus tres estigmas principales:

° La corrupción de la clase estatal dominante (“boliburguesía”)

 ° La militarización de las estructuras partidarias

 ° El personalismo que impide el desarrollo de las ideas, tanto individuales como colectivas

Repitiendo entonces la tesis: Sólo una derrota electoral puede salvar políticamente al PSUV como ocurrió en México con el antiguo PRI.

Paraguay y Fernando Lugo

Carlos Alberto Montaner. Firmas Press

Lo probable es que la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo sea irreversible. El chavismo carece de razones y fuerza para reponerlo en el poder. Los cinco mandatarios del Alba podrán desgañitarse gritando y amenazando, incluso acompañados por Mercosur y algún otro engendro diplomático, pero es muy difícil que esas protestas tengan éxito. Es sólo pataleo.

No hay duda de que la letra de la Constitución paraguaya de 1992 legitima y ampara lo sucedido. Tampoco de que el juicio fue demasiado expedito, pero la ley no establece el tiempo que debe durar el pleito. El artículo 225 dice, simplemente, que las dos terceras partes del Congreso pueden pedir el enjuiciamiento político del Presidente, y las dos terceras parte del Senado, tras escuchar los alegatos en pro y en contra, tienen la potestad de expulsarlo del poder por gobernar indebidamente.

¿Por qué, si el asunto es tan claro, algunos gobernantes demócratas, como el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera, reaccionaron con cierta sorprendente vehemencia contra una decisión soberana del Senado paraguayo, perfectamente ajustada a Derecho?

Hay tres razones.

La primera, es que a los presidentes les pone muy nerviosos que se expulse del poder a un colega, ya sea por las buenas o por las malas. Existe el muy humano temor al contagio. Hablar de impeachment a cualquier presidente es mencionar la soga en casa del ahorcado.

La segunda, es que Fernando Lugo es una persona agradable y amistosa con quien se reunían frecuentemente en cumbres o visitas bilaterales. En esos encuentros se crean vínculos afectivos que trascienden los lazos oficiales. No estaban respaldando al presidente extranjero víctima de una arbitrariedad, sino al amiguete en desgracia. Dentro de los valores de la cultura iberoamericana la lealtad personal tiene tanto peso como los argumentos jurídicos.

La tercera razón es la consecuencia de la intimidación mediática del chavismo. La capacidad de la izquierda carnívora para desacreditar a sus adversarios es temible. Ningún político quiere ser acusado de “fascista o golpista al servicio del Imperio”. Es mucho más seguro posar de “progre”.

Al chavismo todavía le quedaba la “carta brasilera” para tratar de desestabilizar al nuevo gobierno paraguayo del Dr. Federico Franco ─ un joven y prestigioso médico vinculado al viejo partido de los liberales ─, pero parece que la presidente Dilma Rousseff no se dejará arrastrar en esa peligrosa dirección y limitará sus quejas al ámbito retórico.

Es natural. Los brasileros hace unos años vivieron algo parecido cuando expulsaron del poder al presidente Collor de Mello. Por otra parte, Brasil y Paraguay comparten intereses comunes en la enorme central hidroeléctrica de Itaipú ─ una de las mayores usinas del planeta ─, mientras hay un grupo importante de inversionistas brasileros instalados en el país vecino. Carece de sentido poner en riesgo esos valiosos vínculos por defender una causa injusta y, sobre todo, perdida.

¿Cómo juzgará la historia al ex presidente Fernando Lugo? A mi juicio, de manera benévola. Pese a su simpatía por los disparates de la Teología de la Liberación, no fue un gobernante extremista, ni afilió a su país al coro delirante del chavismo, ni nadie lo ha acusado con pruebas de actos de corrupción. Además, abandonó el poder pidiendo hidalgamente que no se le apliquen sanciones económicas a su país porque eso afectaría a los paraguayos más pobres. Eso lo honra.

Si Lugo es culpable de algo, no obstante, es de una absoluta falta de instinto político. Es inconcebible que un mandatario cuya popularidad apenas rozaba el 30%, sabedor de que ninguno de los grandes partidos del país lo respaldaba, no hubiera cuidado al aliado que lo llevó al poder, el Partido Liberal Radical Auténtico. Lugo se enemistó con todos, y todos, en su momento, le pasaron la cuenta. No entendió que gobernar en democracia es negociar y forjar consensos. Le faltó cintura política.

Le sobró, en cambio, la otra cintura. Sus mayores faltas pertenecen al ámbito privado, no por haber violado el voto de castidad ─ una extraña limitación genital que sólo le afectaba a él y escandalizaba a sus correligionarios ─, sino por la censurable conducta de no haberle hecho frente responsablemente a un par de casos en los que sus amoríos tuvieron consecuencias. Eso no se hace, especialmente en un país en el que los hogares monoparentales son sinónimo de pobreza. Es algo muy feo.

La defensa selectiva de la democracia

Andrés Oppenheimer

Disculpen el atrevimiento, pero Brasil, Argentina, Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del ex presidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han contribuido a crear un clima de “vale todo"' en la región.

La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos — que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo — ha dado como resulto una constante erosión de la democracia.

El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio.

El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el congreso paraguayo enjuicie al presidente “si desempeña mal sus funciones” y si — tal como ocurre en los sistemas parlamentarios — dos tercios de ambas cámaras del congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.

Pero los críticos señalan — acertadamente — que el procedimiento no cumplió el proceso debido, porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho “al tiempo indispensable para preparar su defensa”. Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas.

En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa de Lugo deben haber sentido que su "juicio político express" era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos que están teniendo lugar en otros países de la región, sin ninguna consecuencia diplomática.

En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo ninguna queja oficial latinoamericana cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea afirmó que el resultado electoral fue ''opaco", y que el proceso "fue conducido por un sistema electoral que no era independiente”.

Casi todos los observadores internacionales coincidieron que la candidatura de Ortega para la reelección estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva, o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran — en un procedimiento ilegitimo  ─ que la cláusula constitucional no se aplacaba en este caso.

De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente venezolano Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008.

Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV, ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, y le quito a Ledesma casi todos sus poderes, y virtualmente todo su presupuesto oficial.

En Bolivia, durante los últimos cuatro años el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores, incluyendo a algunos ex candidatos presidenciales de la oposición, han sido encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso.

Y el dictador militar de Cuba, Gen. Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada.

Por absurdo que parezca, Cuba — que no ha permitido elecciones libres en más de cinco décadas — retiró su embajador de Paraguay la semana pasada, señalando en un comunicado que la isla “no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo", informó la agencia EFE.

Mi opinión: La destitución del ex presidente paraguayo Lugo estuvo mal y —aunque no es tan claramente violatoria de la ley como el golpe de Honduras en 2009— merece la condena de la región.

Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Mercosur pierde a Paraguay, recibe a Venezuela, gana Paraguay

Mario J. Viera

Hay un dicho que dice “mejor solo que mal acompañado” y ese dicho le cuadra muy bien a Paraguay luego de ser suspendido de participar en el Mercosur. Los gobiernos zurdos vieron por fin la oportunidad de la Venezuela de Chávez para ingresar en el club de presidentes aburridos que se reúnen para, de vez en vez, matar el tiempo y gastar recursos económicos de sus respectivos estados. La puerta quedó franqueada para Chávez con la suspensión de Paraguay cuyo Congreso había rechazado el ingreso en Mercosur al payaso de Miraflores. Es la decisión que tanto esperaba el chavismo para meter sus narices en el Mercosur y al suspenderse al Paraguay, ¡Ah!, según Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería, un economista rojo rojito venezolano consideró que el “factor perturbador” que impedía el ingreso de Chávez en el Mercosur “era esa derecha recalcitrante paraguaya".

Ya Chávez considera fecha histórica la permisividad de Argentina, Brasil y Uruguay para recibirle en el Mercosur y Franco, el actual presidente de Paraguay sonríe y se divierte diciendo que Paraguay se ahorra plata con la suspensión pues ya no tiene que gastar en  cócteles y banquetes: "No asistiré a las cumbres, no habrá banquetes, ahorraremos plata, eso nos va a venir bien”; y ya hablando en serio, la cancillería paraguaya expresó su opinión en un comunicado:

“La decisión de suspender la participación de la República del Paraguay en los órganos e instancias de la Unión se tomó sin sustento jurídico alguno. Ninguna norma vigente autoriza a excluir a un Estado Miembro, o a sus representantes, de las reuniones de Unasur”.

Para el nuevo gobierno paraguayo la suspensión que impulsaron los amigos de Chávez, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y José Mujica, no durará por mucho tiempo, así que Federico Franco declaró recientemente: "Vamos a tener tiempo de dialogar, primero ordenaremos la casa, después hablaremos con los países vecinos”. Esto es como tirarles a basura y decirles por directo que en Paraguay ellos no gobiernan y quien está al mando es él.

El expresidente de Uruguay Luis Lacalle calificó de maniobra diplomática el acto de suspender a Paraguay y la precipitada decisión de dar ingreso a Venezuela en el Mercosur: "Se nota cuál ha sido el objetivo final de esta maniobra de carácter diplomático. Esto no ha sido una preocupación por el Paraguay, sino buscar una manera oblicua de cumplir con la voluntad de Venezuela” según fuera citado por el diario El Universal de Caracas.

Con Paraguay ausente los socios del Mercosur le hicieron guiños a Wen Jiabao, Primer Ministro de China con el propósito dizque para profundizar el comercio con el gigante asiático y una posible zona de libre comercio. Y salta el bueno de Mujica del Uruguay, el que quiere legalizar el comercio y consumo de la mariguana: “El proyecto Mercosur ni por asomo está terminado. Este desafío nos pone una especie de norte porque todos sabemos qué significa China y no hay que disimularlo: es el gran comprador y el gran vendedor de nuestra época”

Por su parte Doña Cristina K, se encomienda al altísimo y al Espíritu Santo: “Espero que Dios nos ilumine para el desarrollo de una política que combine los intereses (tanto de China como de los gobiernos del Mercosur)”. Sí, de lo que no cabe duda es que tener relaciones comerciales con China requiere bastante iluminación divina. A lo mejor hasta, con el impulso de Chávez, ya dentro del Mercosur, y el apoyo de Rafael Correa se llegue hasta hacer tratados comerciales con Irán. Yo, humilde observador, no lo pongo en duda.

Veremos, veremos si, luego de las elecciones que en Paraguay elija nuevo gobierno, se decidan los zurdos bananeros a reconocerle la silla en el Mercosur, porque es muy probable que sea “esa derecha recalcitrante paraguaya” la que ganará las elecciones. De todos modos Paraguay ganará con la suspensión y ─ ¡quién sabe! ─, quizá  Chávez deje de ser el presidente de Venezuela y en su lugar esté el “escuálido” de Capriles.