Amenazas por una ley están demás

Editorial del Diario HOY de Ecuador

El presidente de la República ha vuelto a recordar que los asambleístas que no aprueben la ley de Comunicación, redactada por un asambleísta del partido de Gobierno, incumplen un mandato ordenado por la mayoría de ecuatorianos mediante la consulta popular desarrollada en mayo del año pasado. A su vez, legisladores de su bancada han dicho que estos opositores incurren en desacato de dicha voluntad, por lo que deberían ser destituidos de sus cargos.

Este tipo de declaraciones caen como amenazas en contra de asambleístas que públicamente han manifestado su posición de rechazo a una ley de Comunicación redactada con una sola visión oficial. De nada han servido para hacerla más pluralista, los posteriores foros de discusión realizados en distintas ciudades, porque el texto fundamental del proyecto de ley no cambia en su carácter inicial.

No es conveniente, en un sistema democrático, lanzar advertencias de castigo en contra de representantes del legislativo que deben siempre tomar en cuenta el bien del colectivo que representan al momento de tomar sus decisiones. La voluntad popular manifestada en mayo, no implica, per se, que los asambleístas aprueben una ley a la medida del Ejecutivo, que ha identificado como un atacante para la libertad de expresión y un declarado enemigo de los medios de comunicación independientes. En ese sentido, aceptar sin reparos un proyecto de ley que tiene un sinnúmero de observaciones por atentar contra ese derecho fundamental de la libertad de expresión, resulta irresponsable y no tiene ninguna relación con el desacato al que hacen referencia voceros del oficialismo.

El propio presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha invitado al diálogo al presidente Correa, lo ha persuadido de que lea el proyecto presentado y que presente por anticipado sus observaciones, de manera que el pleno de la Asamblea pueda votar con el conocimiento de la postura presidencial. Tal llamado no tuvo ningún eco, bajo el amparo que el veto presidencial es un derecho constitucional, que nadie lo discute, pero es también sujeto a cuestionamientos, pues la palabra presidencial no es la única en un escenario político que reúne distintas posturas.

También ha aparecido como posibilidad que sea la Corte Constitucional la que redacte el nuevo cuerpo legal, si no lo hace la Asamblea. Una Corte Constitucional cuestionada en su independencia, incluso por uno de sus integrantes, se haría responsable del nacimiento de una ley de por sí polémica. La salida que busca el oficialismo, no es la mejor. Las leyes impuestas por la fuerza están condenadas por su origen a una corta vida.