Osmar Laffita Rojas
LA HABANA, Cuba, enero, http://www.cubanet.org/ ─ El pasado 10 de diciembre se conmemoraron 63 años de que Cuba rubricara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los periodistas Marina Menéndez y Enrique Ubieta, experimentados manipuladores de la información acerca del acontecer nacional y especialistas en ocultar lo que no debe conocer el pueblo cubano, dieron a conocer sus particulares enfoques sobre este tema, mediante sendos artículos para los periódicos Juventud Rebelde y Granma.
En su artículo, Ubieta afirmó que solo el socialismo acata y defiende los derechos humanos. Según él, este sistema “rescata la dignidad individual de todos los ciudadanos en un proyecto de nación que no menoscaba a la mayoría.”
Tanto Menéndez como Ubieta omitieron deliberadamente que el gobierno cubano, en el año 2008, firmó los Pactos de Derechos Económicos y Culturales y los de Derechos Civiles y Políticos, pero transcurridos tres años, el pueblo cubano está a la espera de que los ratifique.
Este asunto de los pactos internacionales referidos a derechos humanos es algo que al parecer está prohibido abordar en la prensa oficialista. Ambos periodistas conocen perfectamente que la razón por la cual el gobierno no ha ratificado esos pactos es que, al dar ese paso, estaría obligado a adecuar el actual universo legal vigente en Cuba al contenido de los mismos.
En uno y otro artículo, los dos periodistas se centraron en asuntos que escamoteaban las violaciones flagrantes de los derechos humanos que hoy cometen las autoridades de Cuba. Y además pasaban por alto su incumplimiento al no ratificar los pactos antes mencionados, no obstante el compromiso contraído.
Está claro que ratificar ambos pactos implicaría el reconocimiento al Estado de Derecho, la libertad sindical, el trabajo libre y el derecho a la huelga.
Si el gobierno los ratifica, tendría que poner fin a los abusos que cometen los cuerpos represivos contra aquellos que tienen el coraje de denunciar sus arbitrariedades. También, de ser ratificados esos pactos, las autoridades cubanas estarían obligadas a honrar el cumplimiento escrupuloso del Código Penal, mediante juicios justos e imparciales, donde los procesados tendrían derecho al Habeas Corpus.
Con tales pactos ratificados, el gobierno estaría igualmente obligado a respetar las libertades que mayormente niega a los cubanos: de expresión, asociación, de prensa y religiosa. Y tendría que permitir las diversas formas de participación en la vida política, así como la libre organización de partidos políticos y el derecho al voto libre,
No por gusto los periodistas Marina Menéndez y Enrique Ubieta se cuidaron de no mencionar este asunto, ni de pasada.
No comments:
Post a Comment