Mario J. Viera
Rodrigo Hinzpeter
En ocasiones hasta gobiernos democráticos incluyen en sus legislaciones normas que ponen en peligro el libre ejercicio del periodismo para informar sin previa censura o auto censura. El gobierno democrático de Chile estuvo a punto de caer en la tentación de imponer una norma que afectaría la libertad de información.
El proyecto de Ley conocido como Ley Antiprotesta o Ley Hinzpeter habría sido el primer paso en Chile para el control de la información, sobre todo en temas delicados para el gobierno y, por tanto, conllevaría a la práctica de la censura de la labor periodística.
El artículo 2 del denominado proyecto de fortalecimiento del orden público otorgaba poderes a las fuerzas policiales “para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal”. Una cláusula esta que parecía una reminiscencia del pinochetismo.
El Colegio de Periodistas de Chile había declarado al respecto: “De aprobarse este articulado se consolidaría institucionalmente la censura previa y lesionaría gravemente las condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, así como el derecho de la ciudadanía de estar cabalmente informada".
El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter el pasado septiembre y ya aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados pretendía sancionar penalmente los actos de ocupaciones violentas de centros de enseñanza, hospitales y carreteras, así como los de vandalismo cometidos durante las manifestaciones públicas por elementos agresivos con el rostro cubierto, tal y como sucediera durante las movilizaciones estudiantiles que durante siete meses estremecieron la vida cívica de Chile, muchos de ellos instigados por elementos extraños al movimiento estudiantil.
Según el ministro del Interior, el propósito de la Ley es, como se expresa en diario digital.com, “proteger a los pequeños y medianos comerciantes, que ven sus locales saqueados; y castigar a quienes con violencia cometen un conjunto de conductas que alteran la paz social e impiden a muchos compatriotas vivir con tranquilidad”.
En el proyecto de ley se estipulan penas de prisión hasta 541 días a “quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público”.
Ante la posibilidad de ser aprobado como ley el proyecto Hinzpeter, el Colegio de Periodistas había planteado su desacuerdo, en tanto que la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos se reunió con representantes del gobierno y del Congreso para razonar con estos el por qué la cláusula del artículo 2 atentaba contra el libre ejercicio del periodismo. Al mismo tiempo la dirección izquierdista y procomunista de la Fech protestó los contenidos del proyecto de ley.
Gabriel Boric, presidente recién electo de la Fech, había considerado “que el ministro Hinzpeter hoy constituye un escollo a la libertad de expresión en Chile, un escollo a la solución de nuestros problemas…” y al mismo tiempo señaló que “este proyecto de ley es criminalizar prácticamente todas las formas de movilización que nos dimos como estudiantes el año pasado”, llamando a realizar movilizaciones de protestas en contra de la aprobación del proyecto.
Como respuesta a lo exigido por el periodismo chileno y los medios internacionales, el propio ministro Hinzpeter en comunicación telefónica al presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, Mauricio Weibel, le expresó la decisión del gobierno de retirar el artículo 2 del proyecto. Una decisión sabia, que entre muchas razones le quita argumentos a los agitadores comunistas que se escudan tras la fachada de la Fech y de sus carismáticos, presidente y vicepresidente, Boric y Vallejo.
Esta decisión del gobierno chileno contrasta con el empecinamiento de Rafael Correa en Ecuador de no escuchar los reclamos de los directivos del diario EL UNIVERSO en torno a la demanda que les impusiera por un supuesto delito de difamación hacia su persona y que les condena a prisión y al pago de una millonaria indemnización y planteando condiciones humillantes para el retiro de su demanda tal como exigirles disculpas, “no al presidente Correa, al pueblo ecuatoriano”, como si una opinión emitida por un periodista en contra de un funcionario electo constituyera una ofensa en contra de todo el país.
El gobierno de Chile, puede caer en la tentación de controlar la prensa; pero solo eso: tentación. El respeto al ejercicio de la democracia le inhibe. En Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, la democracia se inhibe a favor del gobierno.
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