Mario J. Viera.
Las noticias que llegan de Honduras son abrumadoras. Narcotráfico, asesinatos de civiles, políticos, periodistas, abogados. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que “la normalización política no ha impedido que continúen las violaciones a los derechos humanos". HRW afirma en reciente declaración que ya desde la toma de posesión como Presidente de Porfirio “Pepe” Lobo “se produjeron nuevos actos de violencia e intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos”.
En su informe HRW documenta 47 de estos casos, incluidos 18 asesinatos. “Si bien es posible que algunos de estos ataques sean el resultado de delitos comunes, existen indicios — como amenazas explícitas — que sugieren que responden a motivaciones políticas”. Aseguró la organización que monitorea el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial.
Aunque HRW se suma a la opinión de que la deposición del corrupto presidente Manuel Zelaya se trató de un golpe de estado y denuncia las violaciones ciertas a los derechos humanos cometidas durante el gobierno provisional ─ al que califica como “gobierno de facto” ─ de Roberto Micheletti, cuando “las fuerzas militares y policiales usaron, en reiteradas oportunidades, medidas de fuerza desproporcionadas en respuesta a las protestas”, destaca HRW que el “uso excesivo de la fuerza tuvo como resultado varias muertes, dejó decenas de heridos y fue acompañado por el arresto arbitrario y la detención temporal de miles de manifestantes”, señaló, además que “la CIDH también informó que se produjeron ataques contra periodistas y medios que apoyaban el golpe, como el periódico El Heraldo, cuyas instalaciones fueron atacadas el 14 de agosto por un grupo de personas encapuchadas que lanzaron bombas Molotov contra su edificio”.
El informe de Human Rights Watch documenta “18 casos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que han sido asesinados desde que el Presidente Lobo asumió el poder en enero de 2010”. Señala además el informe haber recibido “29 denuncias creíbles de amenazas o ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. La información recabada por organizaciones locales de derechos humanos sugiere que el número de ataques sería significativamente mayor”. La inmensa mayoría de las víctimas reportadas por HRW fueron partidarios del depuesto Mel Zelaya.
Por otra parte el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en comunicado que emitiera denunció que en los últimos tres años y hasta el presente mes de enero se han producido 70 asesinatos de abogados. Olvin Mejía Santos, presidente del CAH informó: “Se ha desatado una ola de violencia selectiva consistente en asesinatos, atentados y amenazas contra abogados en el ejercicio profesional libre, ante ello el Colegio de Abogados creó la figura del Comisionado para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos del Profesional del Derecho”.
Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras consideró que la tasa de homicidios en Honduras en 2010, de 77,5 por cada 100.000 habitantes coloca al país en posición de epidemia, esto es “casi nueve veces por encima de la tasa promedio mundial establecida en 8,8, en el Informe Mundial de Violencia y Salud del año 2000”. “Cuando hablamos de epidemia por homicidios es como un pico de frecuencia en la cantidad de muertes violentas que están ocurriendo en una sociedad” aseguró Custodio.
En referencia a la violencia política que se vive en el país Custodio dijo: “El hondureño, en materia política, ha dejado de ser muy pacífico y ahora hay una conducta antisocial bastante fuerte”.
En un informe del organismo que preside Custodio se reportó que en 2010 se habían producido 6 239 asesinatos violentos. Estas cifras representan un incremento con respecto al 2004 cuando informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Observatorio de la Violencia reportaban 2 155 homicidios que entonces se consideraban elevadas. En 2008, el PNUD, señaló: “Los homicidios en Honduras son tres veces más altos que la media en Latinoamérica”.
En su Boletín de enero-junio de 2011, el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), reportaba que el “primer semestre del año 2011, ha estado marcado por una tendencia de incremento del 16.2% de las muertes violentas en general ocurridas en Honduras en comparación con el primer semestre del año 2010. En el análisis disgregado, el homicidio es la manera de muerte más frecuente con 3,587 víctimas es decir un 72.8% del total de muertes violentas y 22.5% superior al número de homicidios ocurridos en el mismo período del año anterior”.
El Boletín destacó que la “fácil disponibilidad de armas de fuego en el país, la hacen el principal instrumento de muerte por homicidio a nivel nacional con 3,044 muertes o sea el 84.9% de los homicidios ocurridos en el primer semestre del 2011. Esta tendencia se mantiene desde hace ya varios años sin que pueda reducirse el mal uso de estos instrumentos mortales”.
El 31 de diciembre de 2011, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), Julieta Castellanos había declarado: “Con tanta violencia y la falta de actuar de los políticos no se puede enfrentar un año electoral y se hace imperativo rescatar al Estado (...) lamentablemente a algunas autoridades no les conviene investigar a los que están metidos en la corrupción porque conocen a los corruptos y les temen. Y aquí no se puede realizar una buena investigación porque la policía dice que se comience a indagar al mismo ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla) y este se convertiría así en un rehén de los policías”.
En opinión de la rectora, “El país es controlado por bandas delictivas y el Gobierno ha perdido el control de la seguridad ciudadana” reiterando lo asegurado por el informe de la UNAH: “El país se ha venido tiñendo de rojo debido a que hay jueces y fiscales que no penetran en los espacios controlados por las bandas de criminales... y eso significa que la autoridad ha perdido parte del territorio nacional”.
Julieta Castellanos
¿Se trata entonces de que Honduras está degradándose hasta la condición de un Estado fallido?
La propia Julieta Castellanos ha sufrido en propias carnes la violencia criminal que agobia a los hondureños pues su hijo de 22 años fue asesinado junto otro estudiante el 22 octubre. Ella pudo comprobar que los asesinos habían sido policías en activo, miembros de una organización criminal que operaba dentro del cuerpo policiaco. De acuerdo con Radio Nederland, la valentía de la Rectora que emprendió la investigación del crimen “redujo el miedo de buena parte de la sociedad hondureña que se armó de valor y protesta exigiendo una intervención nacional e internacional en la policía y una reforma a fondo del sistema de justicia y seguridad imperantes”.
Ante los altos índices de violencia en la sociedad hondureña, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez dijo en una homilía: “¿Por qué razón existe tanta violencia en nuestro país?, porque en lugar de adorar al verdadero Dios, se adora los ídolos del poder, del placer sin reglas morales o peor todavía del tener”, a continuación agregó: “Hoy día tiene otras formas el del dinero mal habido, del dinero del narco-negocio con el cual se cree que se pueden comprar conciencias, que se pueden comprar personas, que se puede comprar incluso la vida o la muerte de las personas”.
A la par que los asesinatos y la reiterada violencia política en la vida diaria de Honduras, el narcotráfico ha escalado en fuerza infiltrándose en el Parlamento, partidos políticos, en la empresa privada, la Policía, el Ministerio Público y otras instituciones, como denunciara Alfredo Landaverde, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y asesinado en la vía pública por desconocidos el miércoles 7 de diciembre de 2011. El 11 de octubre, Landaverde había declarado en un foro del Canal 10: “Lo que pasa aquí y disculpen que voy a utilizar esta palabra, pero lo que faltan son güevos para combatir el narcotráfico y todo lo que implica la lucha contra el crimen organizado”.
Alfredo Landaverde
La corrupción dentro de los cuerpos policiacos aliados al narcotráfico había sido denunciado por Landaverde: “En la Policía ¿qué hay que hacer? yo trabajé desde 1992 hasta el 2010, me retiré con el coronel Rodas Gamero y sé lo que pasa adentro, los conozco a todos, a (José Luis) Muñoz Licona (director general de la Policía) y todos ellos, los conocía cipotíos (niños) allí” agregando entonces: “Conozco bien cómo es el problema adentro de la Policía: Hay 600 oficiales de los cuales unos 25 están detectados como parte del crimen organizado y eso lo sabe Muñoz Licona, lo saben todos los oficiales y todo mundo, lo sabía Óscar Álvarez (ex ministro de Seguridad)”.
Muchos en Honduras se sienten frustrados por la administración del presidente Lobo. Un lector del Diario La Tribuna que firmó bajo el pseudónimo de “Látigo” el 8 de diciembre de 2011 dijo: “...el asesinato de Alfredo Landaverde no debe atemorizarnos ni callar nuestro grito de buscar justicia, más bien este crimen debería de ser el comienzo para que esos cobardes como Pepe Lobo y el Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla agarren huevos para buscar la manera de limpiar a nuestro país de tanta corrupción y tanta maldad que existe. Pero para mí estos dos parásitos son unos incompetentes, incapaces de resolver la crisis en que vive el país”.
Una carta al diario El Heraldo de un lector anónimo expresó: “Yo creía que "Pepe" Lobo había cambiado lo del Puño Firme solo por recomendación de los mercadólogos de la política. Pero ya veo que estaba equivocado (...) Y la duda se me fue del todo durante estos dos años que lo he visto gobernar. Nunca decide nada. Si el rollo es grande, nombra una comisión. Si la radio, la televisión y los periódicos se lo permiten, pues solo deja pasar el tiempo para que la gente olvide el asunto sin tener que hacer él nada”. Concluye la carta diciendo: “Cómo me gustaría que de nuevo saliera el Puño Firme de "Pepe" para que ordene la intervención de la Policía, una investigación exhaustiva del enriquecimiento de los militares, una auditoría en las empresas manejadas por los militares, principalmente en el IMP. Pero ya a mitad de la jornada y en pleno alboroto electoral quizás eso solo sea un sueño”.
Un reportaje de El Nuevo Herald del domingo señala: “El hijo del presidente de una universidad fue derribado a balazos por policías. Los presos son obligados a salir de la cárcel para buscar drogas y luego muertos a balazos. El Cuerpo de Paz se retiró, diciendo que era demasiado peligroso llevar a cabo su misión en un país de 7.6 millones de habitantes que tiene ahora la tasa de homicidio más alta del mundo: 82.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes, en comparación con 5.5 por cada 100,000 en la Florida”.
“Uno escribe un informe, se lo da a su jefe y entonces se da cuenta de que era él quien estaba cometiendo los crímenes”, aseguró un investigador de inteligencia militar a The Herald. “Tengo amigos que son criminales y sicarios. Es la policía, el ejército, el ministerio de seguridad. Ni siquiera se trata sólo de la policía o de las fuerzas armadas. Se trata hasta de los fiscales”.
La situación de Honduras es agobiante, con un 65% de su población situada bajo el nivel de pobreza y el alto nivel de la corrupción que dilapida la ayuda exterior que recibe el país unido a los altos niveles de violencia que el gobierno no ha podido disminuir coloca al país en la condición de Estado fallido. De acuerdo con el sociólogo Eugenio Sosa, citado por Radio Nederland, la persistencia de la desigualdad y la pobreza está asociada al fracaso de las políticas públicas, incluyendo las de seguridad y considera que “la desigualdad perpetúa a los sectores más ricos, produce vulnerabilidad del Estado ante la captura del mismo por grupos de poder y es factor generador de inestabilidad política e institucional”.
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