Mario J. Viera
Caricatura de Bonil. EL UNIVERSO
Respondiendo a una invitación que el pasado octubre el presidente de Ecuador Rafael Correa hiciera a la ONU y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para que se nombrara una comisión que investigara “con total independencia” la revuelta policiaca del 30 de noviembre de 2010, la ONU nombró una delegación que realizó una encuesta durante tres día en la capital del país.
De acuerdo con la AP la delegación “mantuvo reuniones con miembros del gobierno, policías, militares, académicos, actores políticos y sociales”. Los delegados del Secretario General de Naciones Unidas fueron, el argentino Oscar Fernández y el uruguayo Elio Tamburi, dos diplomáticos de gobiernos ligados estrechamente al gobierno de Rafael Correa.
El 30 de noviembre de 2010, se produjo un amotinamiento por parte de la policía de Quito y algunos militares ─ unos 1 200 policías y militares según reportes oficiales ─ que se declararon en protesta en reclamo de beneficios salariales que estaban a punto de serles retirados. Correa en actitud desafiante se presentó ante el comando policial exigiéndoles que depusieran su actitud, lo que provocó una furiosa respuesta por parte de los amotinados que obligaron al mandatario a buscar refugio en el adyacente hospital de la policía. Desde una ventana del hospital se abrió la camisa y profirió insultos a los revoltosos. Pasado un tiempo un destacamento de las fuerzas armadas asaltó, en medio de una fuerte balacera el hospital y “rescatan” al mandatario. En los hechos se produjeron decenas de víctimas fatales.
Con la intención de sacarle provecho político a su favor de los actos de indisciplinas del cuartel policiaco Correa denunció la sublevación como un intento de golpe de estado al que él corajudamente se había enfrentado. No obstante en la entrevista que les concediera a los “imparciales” delegados del Secretario General Ban Ki-Moon declaró que ese día "estuvo en riesgo nuestra vida, estábamos rodeados, no podíamos salir".
Por su parte el ministro de Defensa, Javier Ponce les brindó a los “acuciosos” delegados de la ONU la versión de las fuerzas armadas: “Fundamentalmente fue una explicación de la naturaleza del rescate, el carácter no letal del material que llevaban los militares. Basta con ver cuántos son los heridos militares y cuántos los de la Policía. Y el hecho de que el hospital había perdido su condición de tal en la medida que se había convertido en una trinchera de los sublevados” expuso Ponce.
Tómese nota de lo que el ministro de Correa dice sobre el hospital que los efectivos élites del ejército asaltaron: “el hospital había perdido su condición de tal”. ¿Cómo puede declararse tal sin sentido? El hospital seguía siendo hospital; los enfermos recluidos en el mismo no habían sido evacuados hacia lugares seguros; todo el tiempo estuvieron sometidos al peligro del fuego graneado.
Y agrega Ponce: “Fue una exposición que hizo el Comando Conjunto, en donde expuso las condiciones que se vivían en ese momento en la zona de crisis; la presencia de francotiradores, la necesidad urgente de entrar al rescate del presidente”.
El delegado argentino de Ban Ki-Moon, Oscar Fernández le explicó el trabajo que habían realizado a la agencia oficial de noticias Andes, “dialogamos con todos, no restringimos nuestro acceso, nuestra colaboración es amplia y total, se trata de esclarecer hechos y de obtener versiones y visiones de distintos actores... hemos hecho un esfuerzo de encontrarnos con la máxima cantidad de personas e instituciones”
Algo con lo que no está de acuerdo el asambleísta de oposición César Montúfar al considerar que la delegación de la ONU “no pretendía reunirse con ninguna de las personas que no son parte del Gobierno cuyos derechos humanos fueron violentados alrededor de los hechos del 30 de septiembre”. Opinó, además que Fernández debía escuchar también la versión de las víctima de aquel día, como es el caso del ex director del Hospital de la Policía que había sido acusado de magnicidio y más tarde sobreseída la acusación.
Luego de una reunión privada con Correa y otros funcionarios de su gobierno, Fernández declaró al periódico oficialista El Ciudadano: “Hemos tenido una reunión muy buena, muy abierta, transparente, (hubo) intercambio de comunicación e información como lo hemos tenido con todos los interlocutores con los cuales nos hemos reunido y hemos podido ir acumulando elementos sobre los acontecimientos que sucedieron el 30 de septiembre, un acontecimiento sumamente grave de desestabilización a la democracia en Ecuador”.
En tiempo récord para investigar un hecho tan complejo y controversial como fueron los sucesos del 30 de noviembre de 2010, los delegados de la ONU se atrevíeron a adelantar sus conclusiones. “Los varios hechos del 30 de septiembre de 2010 ─ expuso Fernández ─, que amenazaron la vida del Presidente de la República, obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos, constituyeron un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden constitucional y democrático”; estos actos, añadió, “generaron alarma en la región e internacionalmente por la posibilidad de que pudiesen culminar en un golpe de Estado”.
¿Sagacidad? No lo creo. En mi opinión, los dos seleccionados para representar la visión “independiente” de la ONU no lo fueron tanto, o fueron negligentes en el acopio de opiniones y evidencias o simplemente se parcializaron con la versión oficial del gobierno de Ecuador.
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