Editorial de EL NACIONAL de Caracas sobre la Crisis en Paraguay

EL UNIVERSAL

En las crisis que vienen produciéndose en seguidilla en Suramérica, la de Paraguay es la que más aparatosamente expone la naturaleza de los desafíos políticos que la Unasur, desde sus inicios, quiso evitar.

En la semana que termina, tras el enfrentamiento que costó la vida a 17 ciudadanos paraguayos, se hizo evidente la pérdida de apoyo de aliados políticos y sociales claves para el gobierno de Fernando Lugo. De allí que con abrumadora mayoría fuera aprobado su enjuiciamiento político, por 77 de 80 diputados, y su destitución de la Presidencia, por 39 de 45 senadores.

La lista de acusaciones por mal desempeño de funciones incluyó, aparte del cruento procedimiento de desalojo de invasores, la realización de un mitin político en un cuartel militar, la instigación a la invasión de tierras, la incapacidad para frenar la ola de inseguridad en el país y los presuntos vínculos de su gobierno con el Ejército del Pueblo Paraguayo, contra el que habría pruebas de secuestros y muertes de policías. Además, se le reprochó su falta de transparencia al suscribir el protocolo democrático de la Unasur ─ nunca remitido al Congreso ─ que, según argumentó el diputado acusador, en lugar de proteger la democracia protege los gobiernos.

Ahora bien, al lado de la constitucionalidad de un juicio político y la legitimidad que pudiera tener la lista de acusaciones (que por estos lados nos suenan tan familiares), queda la enorme sombra de un procedimiento acelerado en el que todo indica que no se respetaron las garantías mínimas del debido proceso.

Volvamos al tema de las opacidades deliberadas de la Unasur que ─ después de la "asonada policial" en Ecuador, nunca investigada en profundidad ─ produjo un compromiso con la democracia deliberadamente impreciso, para desentenderse de lo puntualizado en la Carta Democrática Interamericana sobre las obligaciones del ejercicio gubernamental democrático.

Ha prevalecido el criterio de la no intervención, de la variedad de las democracias en la región y, a fin de cuentas, de la posibilidad de interpretar flexiblemente cada caso. Es decir, no hay que comprometerse tanto.

El protocolo democrático de la Unasur se activa "en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos". Ese enunciado, en efecto, favorece a los presidentes ante "cualquier situación" que ponga en riesgo su ejercicio del poder. Pero tanto o más grave es que deja a la libre interpretación, los valores, los principios y los procedimientos democráticos que deben ser respetados por los gobiernos, en todas sus ramas, para preservar la democracia.

Ojalá que de la atención regional a la crisis paraguaya surgieran compromisos institucionales más precisos y genuinamente protectores de la democracia.