El castrismo y la destitución de Lugo

Mario J. Viera

Fernando Lugo junto a Raúl y Fidel Castro con quienes se reunió el viernes 18 de febrero de 2011 en La Habana

Fernando Lugo nunca fue de mi agrado; y no fue de mi agrado por varias razones; primero porque nunca he confiado en la llamada “teología de la liberación” en la que se afilia Lugo, esa hipócrita organización dentro y fuera de la Iglesia católica que liga al marxismo, el guevarismo y el castrismo con los dogmas católicos; segundo, por su alianza con los comunistas dentro del Frente Guasú y, tercero por su colección de hijos regados por todo el Paraguay a los que se viera obligado a reconocer por las demandas interpuestas en su contra. Sin embargo, Lugo fue electo democráticamente en elecciones libres y no se entregó, como otros han hecho, al carro de los vertederos del bolivarianismo de Hugo Chávez y mantuvo al Paraguay fuera de la ALBA.

Su destitución relámpago por el Senado paraguayo fue un acto oportunista y revanchista impulsado por el partido colorado, el partido de Stroessner, y  por el Partido Liberal Radical Auténtico que aspiraba a más dentro del gobierno de Lugo. El sumarísimo juicio político incoado en contra de Lugo violó los principios del debido proceso al no permitirle hacer uso de su derecho a la defensa y al cuestionamiento de las acusaciones. Lugo no había violado la Constitución.

Según Peter Orsi de The Associated Press (El Nuevo Herald, 25 de junio de 2012) lo que hizo posible el juicio político contra Fernando Lugo “fue otra tendencia política en este empobrecido país mediterráneo, el desencanto de cientos de miles de izquierdistas y pobres campesinos que habían formado la base política del presidente (…) Lugo alienó a sus nuevos aliados en el Congreso (el Partido Liberal y aliados izquierdistas) al darles sólo una representación simbólica en su gabinete. Poco después los liberales se quejaron que no se les consultaba en las decisiones importantes, tales como la respuesta a invasiones de haciendas por manifestantes sin tierra y una ofensiva del ejército contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) una incipiente banda rebelde principalmente dedicada a los secuestros por pago de rescate”.

Michael Shifter del Inter-American Dialogue consideró que “Lugo ha sido un presidente políticamente débil desde el comienzo de su mandato''; su apoyo “ha ido erosionado y los opositores de su gobierno se han fortalecido con el tiempo''.

De acuerdo con un periodicucho castrista de provincia, “Lugo no se abocó a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza social que con gran entusiasmo lo elevó a la presidencia en Agosto del 2008”  a pesar, señala, que fuera advertido por “numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay”, refiriéndose, quizá, a las posibles recomendaciones que le hicierna los Castro cuando visitara Cuba en febrero de 2011.

“Su gravitación en el Congreso era absolutamente mínima”, sentenció la publicación castrista, y agregó que “sólo la capacidad de movilización que pudiera demostrar en las calles era lo único que podía conferirle gobernabilidad a su gestión”. Ciertamente las manifestaciones de apoyo al destituido mandatario fueron débiles sin alcanzar las dramáticas movilizaciones que provocaran la violenta destitución de Manuel Zelaya en Honduras.

Indudablemente la interpretación literal del Artículo 225 de la Constitución del Paraguay que establece el Juicio Político fue desacertada y políticamente incorrecta, apartándose, como indicara Michael Shifter, del principio democrático. “En este caso ─ agregó Shifter ─, es difícil discutir con quienes argumentan que la voluntad del pueblo que eligió a Lugo no está siendo respetada. Es difícil ver las acusaciones dirigidas contra él no sean más que un pretexto para la eliminación de un presidente impopular. Si los presidentes fueron derrocados por las razones citadas, habría pocos presidentes latinoamericanos que se queden en la presidencia''.

Para el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, las conclusiones del juicio político han “causado conmoción” la percepción generalizada en toda la región “sobre el irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa”. Insulza agregó: “La letra de la ley nunca puede amparar la violación de los principios”.

Ahora Lugo se ha convertido en la bandera de la retórica antimperialista de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega presentándose como ardientes defensores de los principios democráticos que ellos mismo han pisoteado reiteradamente. Por supuesto, los Castro no han guardado silencio y hacen una demagógica declaración de rechazo o condena a la destitución del mediocre mandatario paraguayo.

Por intermedio de una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Raúl Castro “condena enérgicamente el golpe de estado parlamentario” del senado paraguayo que en su opinión “se suma a la larga lista de atentados contra la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, siempre realizados por las oligarquías con la autoría, la complicidad o la tolerancia del gobierno de los Estados Unidos”, o lo que es lo mismo, dicho en cubano vernáculo, “la culpa siempre la carga el totí” es decir, los Estados Unidos.

Para los Castro las decisiones de su gobierno representan la manifestación de la autodeterminación del pueblo cubano; sin embargo las decisiones que un Estado toma desde su legislativo, si chocan con lo que el castrismo considera correcto, constituyen violaciones de la autodeterminación de los pueblos, vaya qué antinomia castrista.

Mas los Castros en ocasiones tienen mala memoria cuando hablan de “golpe parlamentario”; se olvidan que en este aspecto ellos también tienen cola de paja. ¿Han olvidado el golpe con que se destituyó al presidente Manuel Urrutia Lleó? Un golpe que Manuel Prieres en Amigos del pais-Guaracabuya, definiera como “el golpe de estado más sui géneris del mundo al utilizarse en vez de tanques...pantallas de televisión”.

Fidel Castro se había presentado ante la televisión con el propósito de hacerle un juicio político al presidente provisional del gobierno revolucionario, acusándole de entorpecer el avance de la revolución y presentando, hábilmente, su renuncia al cargo de Primer Ministro, con el propósito de presentar al funcionario como desleal y traidor. Urrutia no tuvo oportunidad de ejercitar el derecho a la debida defensa; no se presentaron cargos contra él ante un Legislativo que había sido eliminado de la Constitución de un plumazo. Tuvo que renunciar y buscar asilo en una embajada.

En su declaración, el gobierno castrista señala que “no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”. Esta afirmación es, sin duda alguna, un desacato a la inteligencia. Es una burla que un gobierno que no admite elecciones libres, participativas, en la que participen diferentes partidos políticos para la designación de sus autoridades, declare su no reconocimiento a las autoridades que no emanen del sufragio legítimo. ¿De dónde emana la “autoridad” de Raúl Castro para fungir como Presidente de la República de Cuba? ¿Acaso su designación como diputado a la unipartidista Asamblea Nacional del Poder Popular por un municipio oriental le confiere su autoridad?

Por supuesto, una cosa son los “principios” y otra los negocios. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma en su párrafo final que “mantendrá su colaboración médica, estrictamente humanitaria, al servicio de la población de ese país” una colaboración tan estrictamente humanitaria que no se ofrece gratuitamente y representa una importante fuente de ingresos para el gobierno de los Castro.

Aunque un error político, aunque un mal ejercicio de la democracia el método de destitución de Fernando Lugo, todo pasará, tras algún breve tiempo los medios se ocuparán del caso, luego el interés noticioso se volcará hacia otros temas y Lugo, como Celaya serán solo recuerdos, como algún día el castrismo será un mal recuerdo para los cubanos.