Thalía Flores y Flores. HOY.COM
Con patética viveza criolla, los asambleístas decidieron dejar pasar la Semana Santa para votar la ley de Comunicación, a fin de que el pueblo no diga que la libertad de expresión fue crucificada por la mayoría adicta al Gobierno.
Tener el control ideológico de la comunicación se ha vuelto la obsesión del Gobierno de Correa, que ha echado mano de todos los recursos a su alcance, comenzando con una infame campaña de descrédito a la prensa, un inescrupuloso manejo de la pauta publicitaria y la presión para lograr la ley de Comunicación, verdadera espada de Damocles que penderá sobre la cabeza de los periodistas y los dueños de los medios.
Un cínico discurso edificado sobre falacias les ha servido para adoctrinar acerca de una supuesta liberación del yugo de la prensa independiente si se consigue la ley. Pero nada dicen del insidioso manejo de los mal llamados medios públicos, altavoces del Gobierno.
Este doble rasero que se ha convertido en el modus operandi oficial, parece haberles sido útil a la hora de controlar el voto de los asambleístas, de quienes han descubierto su lado más sensible: su gusto por el poder. Al menor indicio de desobediencia, hablan de la "muerte cruzada", y todos vuelven al redil.
Con elecciones generales ad-portas, el Gobierno no quiere arriesgar ir a los comicios sin el instrumento legal que le garantice mantener el control ideológico de la información. En esta línea se explicaría ─ jamás se admitirá ─ el mal llamado Código de la Democracia que, con el veto del Ejecutivo, que introdujo materia que ni siquiera fue tratada por la Asamblea, se convirtió en poderosa herramienta para frenar a todos los candidatos, excepto a los del oficialismo.
La búsqueda de respaldo a la ley de Comunicación ha mostrado de lo que es capaz el Gobierno: La última advertencia alude a que, habiendo sido aprobada en consulta popular, la ley de Comunicación debe ser dictada, y que si los asambleístas no la expiden caerían en desacato, que implicaría perder su curul.
Pero aún hay más.
Desde la más alta magistratura del país se tienta a Pachakutik con el caramelo de las frecuencias de radio para las comunidades campesinas, ofreciéndoles el 33% del espectro radioeléctrico. Y, como si todo esto no fuese suficiente, a los coidearios que tienen reparos a la ley de Comunicación, ya que recuerdan haber firmado, el 17 de diciembre de 2009, un acuerdo ético político, para no dar paso a ciertos artículos de la ley, ahora se les "motiva" para que voten por la ley, con la oferta de incluir sus nombres en las listas para las elecciones de 2013.
Por si esto fallara, ahora los asambleístas adláteres de Carondelet piden que la Corte Constitucional emita una ley provisional.
La obsesión por la ley de Comunicación desvela algo más: Ansían el control de la información, pero no quieren que la historia los señale por haber impuesto la mordaza en el Ecuador; por eso, apelan a la Constitución y a la consulta, pero no dicen que fueron sus propiciadores; así, llevarán a la libertad al sacrificio, pero, como Poncio Pilatos, pretenden lavarse las manos.
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