Un arrebato que esconde problemas

Eduardo Van Der Kooy. CLARIN

Ningún gobernante argentino o ciudadano común podría resignar el reclamo de soberanía y posesión de las Malvinas. El arrebato cometido en las islas por la dictadura de Leopoldo Galtieri, que despertó ilusiones iniciales y un llamativo apoyo popular, produjo sin embargo un retroceso histórico en el desarrollo del conflicto con Gran Bretaña. Ningún gobernante o ciudadano podría tampoco renunciar a la soberanía petrolera, capaz de ser ejercida de varios modos. Como sucedió con las Malvinas, el interrogante que plantea la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Fernández, consiste en saber si el camino elegido resultó el adecuado, más allá de las coreografías que el kirchnerismo monta con eficiencia.

La comparación entre Malvinas e YPF no responde a un antojo, aun cuando aquellos contextos históricos de la Argentina sean opuestos al extremo. Los hidrocarburos son una de las riquezas en disputa del litigio con Londres. La acción de la Presidenta en uno u otro caso estaría trasuntando que, en alguno de ellos, imperó la improvisación o un grueso error de cálculo.

Desde que arrancó su segundo mandato, Cristina colocó la cuestión de Malvinas como una prioridad. Detrás de la legítima demanda hizo filtrar sus conveniencias de política doméstica. Machacó con anuncios desopilantes, como que los vuelos a las islas serían hechos en el futuro por Aerolíneas Argentinas. Arreó a la oposición a una ceremonia menor en la Casa Rosada. Si el plan de expropiación de YPF estaba ya maduro, la Presidenta debió saber que esos gestos y su invocación a una salida pacífica del pleito quedarían en la nada. El avance sobre Repsol-YPF, la empresa petrolera de mayoría accionaria española iba a significar, como ocurre, también un desafío a la Unión Europea.

Haber supuesto otra cosa denotaría cierta familiarización deshonrosa con el oscurantismo militar, cuando la dictadura conjeturó que la guerra contra Gran Bretaña no involucraría a la OTAN.

El problema, en todos los casos, parecería el mismo.

La disrupción frecuente de la Argentina en el plano internacional. Su tendencia a las experiencias traumáticas, al esfuerzo tenaz por derrochar la confianza. Existe una cronología, en ese aspecto, que causa asombro. En sólo 30 años (1982-2012) nuestro país ha registrado, al menos, cuatro quiebres con el mundo. Uno cada siete años y medio, según el cálculo. El primero fue la guerra por Malvinas. Luego la declaración en 2001 del default más grande de la historia, hasta que llegó el de Grecia. Cuando asumió Néstor Kirchner se produjo la reestructuración de la deuda con un 75% de quita. Una decisión que todavía causa trastornos en los tribunales internacionales, pero que resultó determinante para el despegue de la economía de poscrisis. Ahora, la expropiación de YPF.

Quizás el problema no radique en la expropiación misma sino en sus métodos.

De arrebato, sorteando las leyes y escondiendo el dinero.

Ya había ocurrido algo similar en el 2006 con la francesa Suez y La Caixa de Barcelona en Aguas Argentinas. Además, una intervención a la petrolera ─ Julio De Vido y el viceministro de Economía Axel Kicillof ─ que llegó con ínfulas y obligó a una fuga de los jerarcas españoles. También de los representantes argentinos, el Grupo Eskenazi.

Como si se tratara de una batalla contra el peor enemigo.

Al kichnerismo le afloran resabios de mandoneo militar, sobrevivientes, tal vez, de aquellos turbulentos 70.

Nadie en el Gobierno se ocupó de probar con una negociación que podría haber conducido al mismo puerto, con más tiempo pero infinitamente menos ruido.

Los españoles de Repsol-YPF estaban dispuestos a ese diálogo y hasta lo insinuaron.

Fue el 27 de febrero durante la visita del ministro de Industria José Manuel Soria.

De Vido lo hubiera aceptado. Pero el ministro de Planificación, a esta altura, funciona apenas como un apéndice de Kicillof. El viceministro pateó la mesa de un posible consenso desde el primer día – en enero – que ingresó al edificio de Puerto Madero. Su encono contra el ex director Ejecutivo de la empresa, el catalán Antonio Brufau, fue indisimulado.

En realidad, fue mutuo. Kicillof – quedó en evidencia la semana pasada – es ahora la voz más autorizada de Cristina.

El viceministro parece haber sabido adecuar su marxismo universitario a la ramplonería kirchnerista. Las culpas de las desgracias están siempre fuera del Gobierno. Ahora sería el turno de España. Aunque las propias estadísticas que mostró Cristina indican otra cosa: la declinación de la producción de gas y petróleo se remonta a 17 años. Con la gestión de los Kirchner se extinguió el autoabastecimiento que había despuntado con Raúl Alfonsín. Repsol-YPF no fue la excepción descendente de esta época: otras ocho empresas del sector, de las once que trabajan en el país, exhibieron tendencias similares. La cuestión no sería una mala gestión empresaria: sobre todo, una errada política energética.

Kicillof evidenció habilidad para enmascarar el pasado que condena al kirchnerismo. Justificó, sin mencionarlos, el respaldo de los Kirchner a la privatización de Repsol-YPF en el 92 y el 98 (cuanto Santa Cruz cedió su último 4% accionario) aduciendo que se trató de una marcha avasallante del ultraliberalismo en la región.

Falso: ni Colombia ni Brasil ni México, en iguales circunstancias, entregaron su patrimonio petrolero. Tampoco Augusto Pinochet en Chile quiso privatizar el cobre, principal recurso de su economía.

El viceministro incorporó además otra mirada novedosa, al menos para el peronismo.

Sostuvo que al Gobierno no le interesa la rentabilidad de las empresas del Estado.

Tal vez, eso explique por qué Aerolíneas ha consumido su presupuesto del 2012 en un trimestre. Un concepto, sin dudas, oxidado. Imposible de ser sostenido, menos con un Estado hiperexpansivo como le gusta a Cristina. Bajo esa lógica, ¿quién se atrevería a invertir en una empresa como YPF? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con los accionistas extranjeros que hoy representan el 17% de la petrolera? ¿Deberían conformarse con ver a los argentinos disfrutar de los bajos precios del gas y de las naftas? Cristina, en cambio, prometió otra cosa: que la futura administración de YPF deberá ser profesionalizada.

Es decir, eficiente, productiva y rentable.

Una buena señal que, de cumplirse, abriría quizás una oportunidad.

El petróleo atrae inversiones soslayando la calidad y decencia de los países y sus gobiernos. Angola puede ser un caso.

Esa señal se enturbió no bien la Presidenta afirmó que su Gobierno está dando ejemplo de buenas administraciones en empresas del Estado. Debió apuntar cuáles. La mayoría de ellas –en especial la línea aérea – indican lo contrario. Y hay fracasos estrepitosos como Enarsa: fue creada en el 2004 a modo de brazo auxiliar de YPF para explorar hidrocarburos. Quedó limitada a la importación, no siempre transparente, de combustible.

Cristina se suele empalagar hablando del Estado. Esa sensación la conduce a comparaciones imposibles. Ahora eligió a Noruega como símbolo. Es cierto que la presencia estatal en el país escandinavo resulta poderosa, al punto que fiscaliza hasta la venta de bebidas alcohólicas. Pero ese mismo Estado, desde que accedió al petróleo en los 80, deposita su renta en un Fondo de Pensiones pensado para abonar las jubilaciones de las próximas generaciones de noruegos.

Ese fondo dispone ahora de 400.000 millones de euros. El plan no se ha alterado con el cambio de signo de los gobiernos. En la Argentina, se privatizó YPF en los 90 para pagar jubilaciones y ahora el aporte de los jubilados se usa para incentivar el consumo o financiar proyectos políticos.

Esas pendulaciones argentinas son conocidas en el exterior. También, la costumbre de Cristina y el kirchnerismo acerca de que las palabras muchísimas veces no condicen con los hechos. Cuando comunicó la expropiación de YPF aseguró que no posee prejuicio contra las empresas españolas y las inversiones extranjeras en general.

Pero enseguida advirtió a una telefónica.

Oscar Lescano, el dirigente de Luz y Fuerza que con aval del poder brega para desplazar de la CGT a Hugo Moyano, no descartó que pueda haber expropiaciones en empresas de electricidad, también con capital español.

Nadie lo desdijo. Los temores y las sospechas aumentan en Madrid.

Mariano Rajoy se desliza allá sobre un abismo. La crisis económica de España tiene en vilo a la UE. Se comunicaron las primeras represalias comerciales contra la Argentina. Washington hizo conocer con prudencia su inquietud. Algunos efectos se desparramaron por la región. Hubo quejas de México, Colombia y Perú. También del gobierno chileno. Evo Morales hizo una defensa encendida de Repsol, una de las diez empresas dedicadas a la explotación de gas que hay en Bolivia.

Cristina despertó la reacción de medio mundo pero logró silenciar, momentáneamente, las voces opositoras que empezaban a criticarla. Casi toda la oposición se alineó con la expropiación de la petrolera. Resistió Mauricio Macri, pero con un libreto impreciso.

En paréntesis permanece el escándalo que involucra a Amado Boudou. También parece insonora la investigación de la tragedia ferroviaria en Once, que disparó el procesamiento de dos ex secretarios de Transporte. Asoma de nuevo el caso Schoklender-Bonafini. Las inconsistencias económicas se agudizan y complican a Guillermo Moreno.

Ni bien el impacto político de la expropiación pierda vigor, esos conflictos volverán sobre Cristina. Tal como están y tal como son.

Copyright Clarín 2012