El poder presidencial absoluto y las equivocaciones en serie

Sergio Crivelli. LA PRENSA

Daniel Reposo y Cristina Fernández

El gobierno cubrió con creces durante la última semana su cuota de errores sorprendentes. Lo hizo con la polémica decisión de proponer como procurador general a Daniel Reposo mientras lanzaba una fuerte embestida contra la española Repsol para quedarse con el control de YPF, lo que provocó una airada respuesta de España y de la Unión Europea.

Quedó flotando la impresión de que la jefa de Estado no mide las fuerzas que debe enfrentar, algo que en el caso de España y de sus socios europeos resulta por lo menos inexplicable.

En el caso del reemplazo del procurador, la promoción de Reposo representa el último de una no menor cantidad de pasos desafortunados que comenzaron con una conferencia del vicepresidente Amado Boudou 10 días atrás para responder a las acusaciones de corrupción en su contra por el escándalo de la ex Ciccone Calcográfica.

En su asombroso monólogo ante la prensa, Boudou lanzó acusaciones a granel, una de las cuales impactó de lleno en el procurador Esteban Righi forzándolo a renunciar. Otras lo autoincriminaban y lo mostraban enzarzado en una pelea de poder por negocios que no le hizo ningún bien a la imagen del gobierno, ni a la de la presidenta.

Por su insólita naturaleza esas revelaciones provocaron estupor y dudas en las propias filas del oficialismo, que se sumió un completo silencio de radio hasta que un periodista adicto confirmó que Boudou contaba con el respaldo de la Casa Rosada. A partir de ese momento la suerte de Righi quedó sellada y todos se volcaron a apoyar a Boudou.

La decisión de inclinarse por el vice y despedir al procurador podrá admitir distinto tipo de reparos, pero lo fundamental es que demuestra que el poder político ha cambiado desde octubre de 2011 y que en esta nueva etapa el liderazgo de Cristina Fernández es tan absoluto como indiscutible.

Los viejos compañeros de ruta ─ los Righi, Taiana o Fernández ─ no son ya más que recuerdos. Hoy el entorno presidencial es otro y la geografía del oficialismo muy distinta de la de la etapa en la que la conducción política estaba en manos de Néstor Kirchner. Se trata de un gobierno "nuevo" y el cambio es válido, lo que no lo parece tanto es la decisión de promover como procurador a un candidato que tendrá serias dificultades para conseguir la aprobación del Senado.

El 54% de votos no alcanza ─ al menos por ahora ─ para imponer a un funcionario incondicional de la presidenta y de Boudou que además fue acusado penalmente por el principal bloque de la oposición. Hubo al parecer un mal cálculo sobre la verdadera fuerza oficialista en la Cámara alta y si sufre una derrota (la oposición está a apenas cuatro votos de infligírsela) el kirchnerismo entrará seguramente en una zona de turbulencia.

En cuanto a la pulseada con Repsol, allí no hay 54% que valga, detalle en el que la Casa Rosada debería haber reparado. Para medir fuerzas con España y la Unión Europea no alcanzan el discurso nacionalista y populista, combinado con el apoyo de la Cámpora y de Luis D’Elía. Hace falta un poco más. También quedó en evidencia que resulta inaplicable el método de la imposición y el apriete a menos que se esté decidido a aislar aún más a la Argentina. La respuesta que llegó desde Europa cuando el gobierno estaba por lanzar el asalto final contra Repsol no dejó duda alguna al respecto.

En ese trance la presidenta paró la ofensiva y no envió al Congreso un proyecto de ley cuyo borrador había circulado profusamente y que expropiaba la mayoría de las acciones de la empresa. Fue una reacción sensata en medio de clima de incertidumbre y de fuerte desgaste para todos los involucrados.

El secretismo que hoy impera en el gobierno no permite dilucidar para qué quiere la presidenta apropiarse de la empresa. El problema energético y cambiario que hoy la desvela proviene de la baja de la producción, lo que no se resuelve dándole a la Cámpora el manejo de la petrolera, sino invirtiendo cifras de las que el Estado no dispone hoy ni lejanamente. Lo único que lograría un cambio hacia la gestión estatal sería convertir a YPF en una nueva Aerolíneas Argentina, pero con un déficit todavía mayor.

Algo, además, que ni el secretismo pudo evitar es la sensación de que la presidenta no sabe muy bien cómo resolver el problema por decirlo suavemente. Las demoras y la incertidumbre parecen la norma. También se ignora cuánto costará la apropiación de la empresa, cuáles serán las consecuencias y qué haría con ella el gobierno. Sólo queda una certeza: el amague y la amenaza no se pueden prolongar indefinidamente.