“El modelo cubano ya no funciona ni para nosotros”.
La Dra. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), visitó La Habana recientemente. Durante su estancia, además de brindar entrevistas a la prensa internacional y a la TV cubana, impartió una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
En su disertación la Dra. Bárcena manifestó que los países latinoamericanos tienen que aprender mucho de Cuba sobre las políticas para reducir las desigualdades, según reseñó Granma, diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Resulta difícil discernir cómo llegó a esa conclusión, si las autoridades cubanas no brindan datos a ningún organismo internacional sobre los niveles de pobreza e indigencia en la Isla. Mucho menos ha informado el Coeficiente GINI de Cuba, valioso indicador usado para medir el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo) entre individuos u hogares de un país se desvía con respecto a una distribución en condiciones de perfecta igualdad.
Parece que la visitante desconoce que el nivel del salario medio y las pensiones medias mensuales equivalen a US$18.32 y US$10.20, respectivamente, al cierre del 2011. El salario medio mensual real representó en el 2011 menos del 30.0% del nivel existente en 1989, según cálculos realizados por académicos cubanos, coincidentes con los efectuados por Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, y entre otras cosas colaborador de la CEPAL.
Ciertamente la desigualdad existente en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe resulta inaceptable, y podría concordarse en que se debe en gran medida, como la Dra. Bárcena expresó, a que “el modelo basado solamente en el mercado lleva a una mayor desigualdad”. No obstante, ir al otro extremo para concluir que todo debe ser estatizado como sucede en Cuba, y recomendar el fracasado modelo cubano como fórmula para resolver las desigualdades de América Latina y el Caribe constituye un absurdo. Habría que preguntarse si los latinoamericanos desean que se les aplique un racionamiento que cumple 50 años el próximo 12 de marzo, entre cuyas “bondades” se encuentra que a los niños al cumplir 7 años se les deja de vender el litro de leche que les corresponde, y a los adultos al mes solo 230 gramos de picadillo mezclado con soya y 230 gramos de aceite comestible.
Podría responderse que los productos de primera necesidad son adquiribles en el mercado libre, lo cual es cierto, pero siempre y cuando se posea moneda convertible para comprarlos en las tiendas de venta en divisas del gobierno; moneda que no reciben los trabajadores a través de sus salarios, pagados en el depreciado peso cubano. Para comprar en ese mercado libre es indispensable tener FE (familia en el exterior que envíe remesas), ser un ciudadano obediente que pueda lograr una plaza en el turismo o en alguna firma extranjera, trabajar arduamente en el incipiente cuentapropismo, o vivir en la ilegalidad mediante operaciones en el mercado negro, u otras cosas peores.
Puede imaginarse la respuesta que darían los ciudadanos latinoamericanos y caribeños, si conocieran que en sus países existe un plan para despedir alrededor del 25.0% de los trabajadores como sucede en Cuba, donde está en proceso “la reubicación” de 1.3 millones de personas. Quizás la visión idílica de la Dra. Bárcena se haya forjado leyendo las estadísticas oficiales cubanas, donde las tasas de desempleo no han sobrepasado el 2.5% en los últimos años. Dato tan falso ─ como otros muchos de las estadísticas oficiales – que cualquier persona común puede rechazar tan solo con recorrer las calles y plazas del país para observar gran cantidad de jóvenes deambulando a cualquier hora.
Tampoco los especialistas y estudiantes universitarios latinoamericanos y caribeños desearían seguir la suerte de sus colegas cubanos, que mal retribuidos y sin reconocimiento social, en gran cantidad prefieren servir como maleteros, mozos de limpieza, choferes y camareros en los hoteles para obtener las ansiadas divisas, descalificándose como profesionales y con el sueño de abandonar masivamente el paraíso totalitario, si recibieran el permiso de salida, conocido como “la tarjeta blanca”.
Pudieran alegarse la gratuidad en la salud pública y la educación que supuestamente tenemos los cubanos. Pero como explicó la Dra. Bárcena a la TV nacional, los gastos sociales necesitan una sustentación económica. Esa es la razón por la cual en estos momentos los avances logrados en esas esferas retroceden, sin acceso a modernas técnicas de aprendizaje como la Internet.
En Cuba se ha logrado la igualdad en la miseria y la falta de derechos humanos para la mayoría de la población, con la existencia de un grupo que ha disfrutado durante decenios de las mieles del poder. Difícilmente este sea el destino apetecido por nuestros hermanos de América Latina y el Caribe.
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