Andrés Oppenheimer
Si Mitt Romney se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos y cumple su promesa de convertir la ley de inmigración de Arizona en un “modelo” para todo el país, la vida en este país podría tornarse más difícil para muchos de nosotros que tenemos aspecto de inmigrantes, o hablamos inglés con acento extranjero.
En el debate republicano del 22 de febrero en Arizona, en el que Romney y su principal rival, Rick Santorum, competían por el voto de los sectores más xenófobos de su partido, Romney alabó el sistema de verificación de trabajadores E-Verify de Arizona y dijo que “vemos un modelo aquí en Arizona”. Agrego que, de ser electo, retiraría las demandas del gobierno federal contra las leyes como las de Arizona “desde el primer día” en su presidencia.
“¡Dios mío!”, me dije cuando lo escuché decir eso. A juzgar por lo que hemos visto en los estados que han aprobado leyes anti-inmigratorias como la de Arizona, eso provocaría arrestos e interrogatorios arbitrarios no sólo de inmigrantes indocumentados, sino también de residentes legales y ciudadanos estadounidenses nacidos en otros países.
La ley de Arizona, sancionada en 2010 y suspendida temporalmente tras una demanda del gobierno del Presidente Obama que cuestiona su constitucionalidad, exige además de la identificación de trabajadores con el sistema E-Verify que la policía estatal pida documentos inmigratorios cuando tiene una sospecha razonable de que alguien se encuentra ilegalmente en el país.
Los partidarios de esa ley niegan que esto produciría una virtual persecución de toda persona con aspecto de inmigrante. Según ellos, la ley no permite a los agentes policiales detener personas arbitrariamente, porque específicamente exige que pidan documentos tan sólo cuando están llevando a cabo "un acercamiento, detención o arresto legal”.
Pero esos términos vagos pueden interpretarse de muchas maneras. Un agente de policía podría legalmente detener a personas para preguntarles si han visto algo sospechoso a la vuelta de la esquina, y después arrestarlas por no llevar sus documentos consigo.
Asimismo, la ley de Arizona requiere que los policías locales actúen como inspectores de inmigración no solo cuando detienen legalmente a alguien por un delito, sino también cuando interrogan a alguien por violar ordenanzas municipales. Si alguien llama a la policía para quejarse de que su vecino está haciendo una fiesta en su casa y tiene la música muy alta, el policía podría presentarse en la fiesta y detener a cualquiera que no pueda demostrar su estatus legal, según dicen los que se oponen a la ley.
“El problema central es que abre las puertas para la discriminación racial basada en la apariencia o la manera de hablar de los individuos”, me dijo Karen Tumlin, abogada del Centro de Leyes Inmigratorias de Los Ángeles. “La expresión ‘sospecha razonable’ obliga a los policías a juzgar a la gente basándose en su apariencia”.
Eso ya ha ocurrido, y no sólo con latinoamericanos o asiáticos. En Alabama, uno de los varios estados que ha aprobado leyes como la de Arizona, un ejecutivo alemán de Mercedes Benz fue arrestado recientemente bajo la ley inmigratoria estatal por no llevar documentos que probaran su estatus legal, según informó Associated Press el 19 de noviembre.
El visitante alemán fue detenido por un policía en su auto de alquiler, dijo el jefe de policía de Tuscaloosa, Steven Anderson, a la agencia de noticias. El turista recién fue liberado cuando un compañero de trabajo buscó su pasaporte, que el hombre había dejado en su habitación del hotel.
Dos semanas más tarde, un empleado japonés de Honda Motor Company fue arrestado durante tres días bajo la ley inmigratoria de Alabama, tras haber sido detenido por la policía en un retén para detectar a conductores sin licencia, incluso después de que el hombre mostró su licencia internacional de conductor, un pasaporte válido y un permiso de trabajo estadounidense.
Un estudio reciente del economista Sam Addy, del Centro de Negocios e Investigación Económica de Alabama, concluye que la ley de Alabama podría costarle al estado la friolera de 11 mil millones de dólares en inversiones, empleos e impuestos perdidos. Otro estudio dice que la ley de Arizona ha provocado pérdidas de $490 millones de dólares por la caída del turismo a ese estado.
¿Se imaginan lo que ocurriría en estados como Florida, que dependen en buena medida del turismo extranjero y el comercio exterior? ¿O lo que pasaría con la industria inmobiliaria en ciudades como Miami o Nueva York, que vive en buena medida de las inversiones extranjeras?
Mi opinión: Desde cualquier perspectiva, las leyes como la de Arizona son moralmente cuestionables y económicamente desastrosas, y cada vez más innecesarias en un momento en el que la inmigración ilegal se ha reducido drásticamente tras la recesión del 2008.
Si Romney — y, para ser justos, también Santorum — logran detener los juicios contra estas leyes xenofóbicas y las convierten en un “modelo” para toda la nación, Estados Unidos dejará de ser el país que siempre ha sido.
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