Nicolás Pérez Díaz-Argüelles. EL NUEVO HERALD
Visité Bogotá hace tres años y entrevisté a los ex presidentes Andrés Pastrana, Cesar Gaviria, Ernesto Samper Pizano y a una gran parte de las luminarias políticas colombianas. Creí por entonces que había aprendido algo sobre el país, hoy solo sé que no sé nada.
Me imbriqué con Colombia estupefacto, y las últimas noticias generadas por uno de los países que más respeto de América Latina me vuelven a sumir en la confusión.
Ha habido famosos asaltos contra gobiernos de América Latina, el asalto al Moncada de Fidel Castro, el asalto al Palacio del Directorio 13 de Marzo, la toma del Congreso de Nicaragua por el Comandante Cero, la ocupación de la Embajada del Japón por el movimiento Tupac Amaru y la del M-19 al Palacio de Justicia en Colombia. Todas las acciones fueron cruentas, pero ningún gobierno posterior, ni siquiera el de Castro, abrió juicio contra los militares, que respondieron al fuego enemigo, defendiendo a los gobiernos, unos democráticos, otros, dictaduras, que habían jurado defender.
El 6 de noviembre de 1985, en el centro histórico de Bogotá, 35 guerrilleros de extrema izquierda irrumpieron a sangre y fuego en el Palacio de Justicia en una operación que bautizaron con el nombre de “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. En el acto exigieron demandas descabelladas como que el presidente Belisario Betancur se presentara en el lugar de los hechos para hacerle un juicio público teniendo como fiscal al pueblo colombiano. Era una acción evidentemente suicida.
El presidente Betancur, frente al sorpresivo ataque, quedó convertido en estatua de sal. Y fueron los militares encabezados por el coronel Alfonso Plazas Vega quienes retomaron el Palacio con nueve tanques de guerra dejando el edificio reducido a escombros. El saldo final fue: se lograron rescatar 245 rehenes, hubo 109 muertos y fueron asesinados 11 magistrados.
En el 2005, una Comisión de la Verdad, integrada por ex magistrados de la Suprema Corte, concluyó que el presidente Belisario fue “un simple espectador”, que la acción del ejército fue desproporcionada y no trató de salvar rehenes. También la Comisión señaló que la operación fue subvencionada por el capo de la droga Pablo Escobar Gaviria, el cual le entregó al M-19 en una reunión en Medellín $2 millones para mediante la acción de guerra atemorizar a los magistrados e impedir la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos.
Inmediatamente se sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula del M-19, pero al firmar el movimiento guerrillero la paz con el gobierno de Virgilio Barco, se cerró la causa contra los asaltantes. Hoy muchos de este grupo pertenecen al movimiento Polo Democrático, y uno de sus miembros, Gustavo Petro, es el actual alcalde de Bogotá. En mi viaje a Colombia lo entrevisté dos veces en la sede de Polo, en un barrio pobre de la capital. El aspecto de Petro era humilde, un hombre de sangre fría, sin carisma, pero preciso en sus respuestas, incluso moderado y de una gran inteligencia.
De aquella operación sangrienta quedó un solo chivo expiatorio, el coronel Plazas Vegas, que retomó el Palacio defendiendo el orden frente a un grupo armado que intentaba romper el ritmo democrático del país. El juicio en su contra comenzó en julio del 2008 acusado de “desaparición forzada agravada de víctimas”. En agosto del 2009 fue internado en el Hospital Militar por desórdenes siquiátricos. El 9 de junio del 2010 fue condenado a 30 años, y recientemente, el 30 de enero del 2012, la condena fue ratificada.
El presidente Juan Manuel Santos inmediatamente pidió perdón al ex presidente Betancur y al ejército nacional de Colombia protestando contra el fallo judicial.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó las críticas del presidente Santos y añadió que “la sentencia goza de presunción de acierto y legalidad y debe ser acatada en aras del principio de autonomía e independencia de la rama judicial”. Y en un comunicado el máximo tribunal expresó también que “la polémica podría despertar pasiones que pongan en riesgo la vida e integridad de los jueces que emitieron la decisión”.
Por su parte, el coronel Plazas Vegas ha declarado que “la justicia ha sido penetrada por los enemigos de Colombia”. No sé qué pensarían hoy los once magistrados asesinados por la guerrilla del M-19 sobre este fallo de la Corte Suprema.
No logro entender la lógica de los jueces que hicieron justicia a la colombiana, muy sui generis, pero como alguien que llega de regreso de un régimen totalitario, tengo que admitir que en el país existe una absoluta libertad, una impecable democracia y una separación saludable entre el poder ejecutivo y el judicial.
No comments:
Post a Comment