César Coronel Garcés. HOY.com
La sentencia del proceso judicial que inició el presidente Correa en contra de los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro El Gran Hermano, supuestamente obligaría a cada uno de los periodistas pagarle $1 millón al mashi Rafael, es decir, $2 millones y una suma de $100 mil a sus abogados defensores.
Este conflicto nace de la publicación del mencionado texto donde se lee que el presidente Correa conocía de los contratos que su hermano Fabricio había celebrado con el Estado, teniendo a este último como fuente. Recordemos que no es legal que el Estado realice contrataciones públicas con familiares del primer mandatario.
Es que el tema de los contratos del hermano del presidente no supimos por el informe sabatino de Correa, tampoco nos enteramos por los medios públicos, ni nos fue informado a través de las ─ cada vez más frecuentes ─ cadenas nacionales. Todos pudimos conocer sobre estos contratos mediante una investigación que realizaron estos dos valientes periodistas y que fue publicada por Diario Expreso, que es un medio de comunicación privado.
El caso del Gran Hermano es un claro ejemplo del rol indispensable que tienen los medios de comunicación privados como garantía de la plena vigencia de nuestro derecho a ser informados.
Y es que en los casos de querellas planteadas por funcionarios públicos a medios de comunicación, aparece el viejo conflicto entre el derecho a la honra que alegan dichos funcionarios y el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Al existir este conflicto, siendo ambos derechos de igual jerarquía constitucional, lo más recomendable es acudir a la ponderación objetiva de los mismos.
Al respecto, la Corte Constitucional española, varias cortes norteamericanas, cortes de otros países y algunos doctrinarios, han determinado que el derecho a la información estaría ─ en casos determinados ─ sobre el derecho a la honra que alegan estos funcionarios.
En este caso en particular no logro comprender cuál es el daño: el mashi dice que reproducir que él conocía de estos contratos es atentar contra su honra; pero si Calderón y Zurita citan al hermano Fabricio, debería ser él quien responda por su afirmación.
Es estéril discutir sobre la honra de un sujeto, cuando están en juego varios millones de dólares de todos nosotros, comprometidos en esas contrataciones. Deberíamos estar analizando, discutiendo y sancionando a quienes contrataron contra la ley y no cometiendo el absurdo de perseguir a quienes investigaron este acto de cuestionada legalidad.
Aquí no están en juego solo $2 millones, sino, la independencia de la justicia; el derecho de los comunicadores a investigar y denunciar; y, nuestros derechos a ser informados y expresarnos con libertad.
Por tanto, ante una sentencia ilegal, ilegítima, inconstitucional y tan peligrosa para la salud de nuestra democracia y la vigencia de las más básicas libertades, yo sugiero a los periodistas que se declaren en resistencia como la vía más inmediata para frenar el abuso. La resistencia es su derecho constitucional y denunciar los atropellos es nuestra obligación como ciudadanos.
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