Noé Vega. LA PRENSA
Para los periodistas no debería ser ninguna novedad el anuncio del Poder Ejecutivo de la propuesta de una ley para regular la información. Es propio del cumplimiento de los primeros dos años de Gobierno de cualquier Presidente, cuando el desgaste político y las frustraciones del mandato se hacen sentir con más peso en las encuestas y en la población; sin embargo, esta intención resulta bastante parecida a la que usan Gobiernos que no son se distinguen por ser precisamente democráticos. Esa queja de los Presidentes siempre ha existido, aduciendo que no se destacan las cosas buenas de un Gobierno y que se resalta lo negativo.
Con esas amenazas veladas a la prensa, sutilmente, de lo que se trata es de imponer una de las peores censuras a la libertad de expresión, la autocensura. Porque mediante la autocensura es el mismo periodista el que viéndose amenazado, se limita en lo que tiene que decir, no estamos ante una ley, sino ante una amenaza que puede resultar peor para el trabajo periodístico. Pero también hay un doble discurso desde el Ejecutivo, pues por un lado dice agradecer que la prensa denuncie cosas que de otra manera no se sabrían, y por otro lado propone una ley para regular la información. En el imaginario popular hay la sensación que el sacar a luz pública tantos escándalos de corrupción y contratos amañados son la causa principal para que el Gobierno agradezca a la prensa, proponiendo una ley que regule la información.
Ante la satanización de la prensa, los periodistas están en la obligación de pertrecharse mejor en su labor, amparándose en las regulaciones legales que los protegen e invocando leyes como la de Transparencia y Acceso a la Información para respaldar su derecho a la divulgación libre del pensamiento. Porque la prensa siempre va a resultar un chivo expiatorio favorito para que se justifiquen los malos Gobiernos y evitar que la población se entere de todos los escándalos y la corrupción. Los intereses siempre juegan un rol en la labor periodística, la pregunta es cuáles son los intereses que han sido afectados. Si la prensa alabara la labor del Ejecutivo, sin resaltar sobre todo lo positivo que hace, entonces sería la misma sociedad la que se decantaría con la libertad de expresión.
Tal vez la técnica que le puede funcionar mejor al Ejecutivo es esa última práctica que es como un confesionario, pero en público, donde se piden disculpas por los contratos aprobados a escondidas del Presidente, a escondidas de la prensa, y se promete que no se repetirán, pero lo terrible es que nadie les cree, ni al que se arrepiente ni al que absuelve al penitente. Es allí donde el ojo visor del periodista tiene que estar, es justamente de eso de lo que se trata, de sacar a luz toda la corrupción y los desmanes de los servidores públicos, es para regular su conducta que se debe poner en práctica el código de ética que se comprometieron a cumplir cuando iniciaron su gestión al frente del Gobierno. Eso sí se puede controlar, esa sí es materia de regulación, qué tipo de contratos aprueban los ministros, qué intereses tienen de por medio con determinada prestación de servicios, eso se puede y se debe controlar. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido en ellas.
Lo que está en capacidad de exigir el Ejecutivo es que sus ministros rindan cuentas claras de su función, del uso de sus atribuciones y de su presupuesto, pero en cuanto a la regulación de la información eso es parte de la libertad de expresión y pensamiento, cuando se comienza por regular una libertad tan esencial, caen en riesgo todas las demás. “No hay camino para la libertad, la libertad es el camino”, decía Indira Ghandi
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